La disposición transitoria quinta contempla la aplicación de los criterios medioambientales, de la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público establecidos en el presente real decreto-ley a los procedimientos que estén pendientes en la fecha de su entrada en vigor.
Preparar refeições de forma consciente Consecuentemente, es objeto asimismo de este real decreto-ley extender la condición de beneficiarias de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual a las entidades familiares o de convivencia económica en el momento en que ninguno de sus integrantes ostente la propiedad del inmueble, pero, cuando menos, uno de ellos sea titular del usufructo sobre dicha vivienda. En consecuencia, se prorroga la medida inusual prevista en el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre y, en consecuencia, a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computarán las de los ejercicios 2020 y 2021 en el transcurso de un período de 3 ejercicios contables; o sea, las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 no se computarán ni en los ejercicios contables de 2022 y 2023 ni hasta el momento del cierre del ejercicio 2024. En el caso de que teniendo solo presente el resultado de los ejercicios 2022, 2023 o 2024, resultaren pérdidas que dejen achicado el patrimonio neto a una cantidad inferior a medio capital social, sí se apreciará concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas, debiendo actuarse por los órganos de administración en los términos previstos en el artículo 363.1.y también) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de julio. Todos y cada uno de los análisis sobre el avance del vehículo eléctrico consideran que lo relativo a las baterías (incluyendo las materias primas) suponen un elemento primordial, y tienen la posibilidad de convertirse en un cuello de botella, en el ecosistema de producción del nuevo vehículo eléctrico y conectado. El despliegue de la batería eléctrica va a ir relacionado con la reducción de los costos en la fabricación y comercialización del vehículo eléctrico, y sin duda será un factor de competitividad del campo. Por este motivo, el posicionamiento de España en el sector de automoción en los próximos años es dependiente relevantemente de tener un suministro de baterías garantizado, estable, y con los inferiores costos probables. Y dadas las condiciones actuales geopolíticas, económicas, y de escasez de plantas suministradoras, urge dotar de elementos de apoyo a fin de que España tenga asegurada la fabricación de baterías que asegure por lo menos una sección sustantiva de la demanda nacional.
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La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación administrativa que se practique formalmente al interesado apuntada a la sanción de la infracción, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si el trámite estuviera paralizado mucho más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Cuando se intente infracciones continuadas o de infracciones de efectos permanentes, los plazos señalados en el apartado anterior se computarán desde el día en que finalizó la conducta infractora en cada supuesto. La rivalidad para la resolución de los métodos sancionadores por infracciones previstas en este capítulo corresponderá a la persona titular del Ministerio del Interior para las infracciones muy graves, y a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad para las infracciones graves y leves. C) Incumplir la obligación de reportar a la autoridad competente en el momento en que tuviere conocimiento de contenidos terroristas que afecten a este país y que supongan una amenaza inminente para la vida de las personas.
Europeo de Roma: Balance agridulce
Asimismo, el inicio de las tramitaciones con instalaciones que aún no tienen posibilidad de evacuar su energía puede sospechar un cambio de expectativas en la utilización de los terrenos que puede dañar a otras ocupaciones económicas sin que la sociedad consiga ningún beneficio a cambio.
Los gestores de la sociedad absorbente estarán obligados a convocar la junta a fin de que apruebe la absorción en el momento en que, dentro de los quince días siguientes a la publicación del último de los anuncios a los que se refiere el apartado anterior, lo pidan asociados que representen, por lo menos, el uno por ciento del capital popular. En este supuesto, la junta debe ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los gestores para convocarla. Asimismo va a ser preciso el consentimiento individual de los sucesos de derechos particulares diferentes de las acciones o participaciones en el momento en que no gocen, en la sociedad resultante de la fusión, de derechos equivalentes a los que les correspondían en la sociedad extinguida, a no ser que la modificación de tales derechos hubiera sido aprobada, en su caso, por la asamblea de esos titulares. Esta regla no será de app cuando conforme a las disposiciones de este real decreto-ley no se requiera aprobación del acuerdo de fusión por la junta general. 1.º El emprendimiento de fusión deberá señalar los elementos y los plazos previstos para la satisfacción por la sociedad final de las deudas contraídas para la adquisición del control o de los activos.
La escritura va a recoger el acuerdo de cesión global adoptado por la sociedad cedente, que unicamente se va a poder hacer una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones anteriormente referidas. No va a ser necesario el acuerdo de la junta general de la sociedad o sociedades cesionarias, bastando el acuerdo del consejo de administración, salvo que la cesión global tenga por objeto la adquisición de los activos esenciales. Una sociedad inscrita va a poder trasmitir en bloque su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios asociados o terceros, a cambio de una contraprestación que no va a poder radicar en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario. Esta misma regla se va a aplicar en caso de escisión parcial o de escisión por segregación, distribuyendo el elemento del activo o del pasivo entre todas y cada una de las sociedades adjudicatarias y la sociedad escindida.
